La subrogación del acreedor, es decir, el cambio de entidad con la que se formaliza la hipoteca, suele obligar al pago de una comisión de amortización anticipada, si así se ha pactado, que en ningún caso puede superar el 0,5% del capital pendiente de amortizar en aquellos préstamos formalizados a partir del 27/04/2003 y del 1% para los préstamos hipotecarios firmados con anterioridad. Igualmente, la subrogación supone unos gastos notariales y registrales que se calcularán sobre el capital pendiente de amortizar en el momento de la modificación.

Respecto a la novación de una hipoteca (o modificación sustancial de las condiciones del contrato) motivada por ampliación del plazo, la comisión que la entidad puede cobrar está limitada al 0,1% del capital pendiente de amortizar.

La cláusula suelo está contenida en la escritura de nuestro préstamo hipotecario, y habitualmente suele contenerse en la cláusula TERCERABIS “Tipo de interés variable” y normalmente, suele encontrarse al final de ésta. En terminología bancaria, la clausula suelo puede aparecer denominada como “límite a la aplicación del interés variable” o “límite a la variabilidad de los intereses” o fórmulas similares.

Sí, siempre. Algunas entidades retiraron la cláusula suelo de sus préstamos hipotecario tras la Sentencia del Tribunal Supremo del año 2013 que determinaba el carácter abusivo de ésta. Si la retirada de la cláusula suelo no estuvo acompañada de la devolución de los importes cobrados indebidamente, se podría reclamar judicialmente.

Los gastos notariales y registrales derivados de la formalización de la escritura del préstamo hipotecario y de la inscripción en el Registro de la Propiedad. Se incluyen por tanto los gastos satisfechos a notarios y registradores de la propiedad, así como los gastos de gestoría/asesoría. El Tribunal Supremo entiende que la formalización en escritura e inscripción en el Registro de la Propiedad del contrato hipotecario a quien beneficia es especialmente a la entidad financiera, por lo que debería ser ésta quién soportase dichos gastos.

En primer lugar, ha de presentarse una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad financiera con la que se suscribió la hipoteca, mediante cualquier medio que permita acreditar su presentación. La entidad financiera está obligada a contestar ene l plazo máximo de 2 meses a contar desde la fecha en que se presentó dicha reclamación. Si la entidad bancaria acepta la reclamación, hará entrega de dichas cantidades, en cambio, en caso contrario si la entidad bancaria rechaza la reclamación, dicho rechazo ha de hacerse por escrito y motivado, abriéndose entonces la vía para acudir a los Tribunales de Justicia. No obstante, si la entidad bancaria no responde a la reclamación, se entenderá que ésta ha sido rechazada y por tanto, se abre igualmente la vía para acudir a los Tribunales de Justicia.