Delitos contra la vida, delitos sexuales, de tráfico y seguridad vial, tráfico de drogas, violencia de género, imprudentes, laborales, contra el honor, contra la intimidad, contra el orden público, contra el patrimonio, contra la administración; corrupción, etc…

Desarrollándose fundamentalmente frente a la fiscalía de delitos económicos, medio ambiente, siniestralidad laboral y anticorrupción.

Con el objetivo de reducir los riesgos de las investigaciones pre-procesales que se desarrollan ante organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), las autoridades laborales, las autoridades medioambientales, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la CNMV o el Banco de España.

Asesorando a las personas jurídicas en el proceso de fortalecimiento de sus estructuras para asegurar así el cumplimiento efectivo de los estándares de prevención de comisión de delitos.

Es la última fase del cumplimiento de la condena, que se llama también “cuarto grado”. Esta fase permite al condenado/a cumplir lo que le queda de pena en libertad, siempre y cuando no cometa ningún delito y además cumpla todos aquellos requisitos adicionales de conducta que se le puedan imponer. No obstante, el cumplimiento de dicho requisito por sí solo no da lugar a una concesión automática de la libertad condicional, porque es necesaria una valoración por la junta de Tratamiento.

No, salvo que se trate de un delito privado de injurias o calumnias, el resto, son delitos públicos y por tanto el Ministerio Fiscal realizará las indagaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y podrá mantener la acusación lo que hará que el procedimiento continúe hasta la fase de enjuiciamiento.

A los menores de edad, no se les imponen penas, se les imponen medidas de seguridad, y se adoptan en función de la edad, las circunstancias personales, familiares y sociales del/la menor y su personalidad, buscando siempre las que sean más convenientes para su formación y educación.

Cuando en el expediente personal de una persona constan antecedentes penales, ello produce consecuencias no sólo en el ámbito penal, sino también en el ámbito laboral. Cuando se aprueba una oposición o se trabaja en el ámbito de una administración (ya sea estatal, autonómica o local), el primer documento oficial que se solicita es la hoja de antecedentes penales. En la esfera penal las consecuencias pueden ser de diversa índole y afectar al sujeto que tiene antecedentes penales tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento.

*Dichos antecedentes penales, pueden ser cancelados. Consúltenos.